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Los coordinadores territoriales, subdelegados, representantes comunales y ejidales de los pueblos originarios de Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac y Magdalena Contreras en compañía del diputado Horacio Martínez Meza en su calidad de Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes de la ALDF, presentaron una Queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos - CNDH en contra de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes por el proyecto carretero Arco Sur.

El proyecto carretero Arco Sur es impulsado con el objetivo de comunicar a los Estados de México, Morelos y Puebla, dicho proyecto consiste en la construcción de una autopista de seis carriles con 62 kilómetros de longitud.

La obra se realizará entre el entronque La Venta, sobre la autopista México-Toluca, la autopista México-Cuernavaca a la altura de Topilejo y la autopista México-Puebla, como parte del anillo exterior de la zona metropolitana de la ciudad de México. Sin embargo, esta obra traerá consigo varias afectaciones, generando un fuerte impacto ambiental en una zona de vital importancia para la ciudad, ya que el trazo de esta obra de infraestructura carretera fraccionaría la Sierra de Chichinautzin, importante zona de recarga del acuífero del valle de México detonando el desarrollo inmobiliario, además esté hábitat presta otros servicios ambientales, como la captación de dióxido de carbono.

En el escrito de Queja se exhorta a la CNDH para que esta establezca las medidas precautorias, a fin de garantizar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no violente el derecho de los pueblos originarios a tener información oportuna y veraz, a ser consultados para la obtención de su consentimiento, así como también para tutelar su derecho a la integridad de sus tierras y territorio.

Es trascendental el establecimiento de una mesa de diálogo y coordinación con las representaciones ejidales y comunales, autoridades tradicionales de los pueblos originarios afectados; en las que participen también las autoridades locales y federales directamente involucradas en la realización del proyecto Arco Sur de la Ciudad de México.

Horacio Martínez Meza aseguró que se debe observar en todo momento los principios establecidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establecen la obligación del Estado mexicano, ha consultar a los pueblos originarios con el objeto de obtener su consentimiento previo, libre e informado o llegar a un acuerdo en las medidas a proponer, sean de carácter legislativo.